El 19 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó requerimiento fiscal ante el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, solicitando que se continúe el proceso judicial contra 12 empresarios del transporte público, acusados de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes. La FGR ha solicitado que se les impongan medidas sustitutivas a la detención, en lugar de mantenerlos bajo arresto.
Los imputados habrían recibido concesiones y permisos provisionales para operar el servicio de transporte público, el cual es subsidiado con fondos del Estado. Sin embargo, durante los días 5, 6 y 7 de mayo del presente año, interrumpieron de manera irregular la prestación de este servicio, lo que motivó su detención en flagrancia, al considerar que incumplieron con una función pública esencial.